En vista de la presión existente, en julio de 1975 el Reino Unido
propuso a la Argentina discutir sobre el desarrollo conjunto del
Atlántico Sur. La cancillería argentina aceptó esa posibilidad con la
condición de que la agenda incluyera el trasfondo por la soberanía.
El Foreign Office se negó, pero la Argentina se mantuvo firme en su
exigencia de que el tema de la soberanía fuera central en toda
tratativa sobre explotación económica.
Para noviembre las negociaciones se hallaban en estado de virtual
ruptura: el representante argentino en las Naciones Unidas afirmó que,
en virtud de ello, su país no dejaría de hacer valer sus derechos en la
forma que considerara más apropiada. Esta velada amenaza de acción
militar comenzó a hacerse común en la acción diplomática argentina.
A raíz de un ofrecimiento británico para abrir la agenda a "otras
cuestiones", el nuevo canciller argentino, Manuel Aráuz Castex, propuso
modificar la misión Shackleton a una acción binacional, a fin de
eliminar su carácter "unilateral y provocativo".
Este claro ofrecimiento de desarrollo conjunto fue distorsionado por
los británicos, reduciéndolo a la posibilidad de que la Argentina
proveyera sólo tres técnicos; con este accionar el Reino Unido había
hecho evidentes sus intenciones de actuar de manera exclusivamente
unilateral.
La tensión entre los dos países siguió en escalada: el 3 de enero de
1976 se produjo el arribo de lord Shackleton a las Malvinas. La
cancillería argentina no dejó escapar la simbología de las fechas (la
invasión de 1833 también se había producido un 3 de enero), calificando
la "coincidencia" de "hostil y desconsiderada".
El 5 de enero de 1976 el gobierno de María Estela Martínez de Perón
emitió un comunicado ante lo que consideraba una "ruptura unilateral"
de las conversaciones por parte de los británicos:
Ante tal comprobación, la cancillería argentina estima inadecuado
avenirse a considerar temas que, frente a aquella reticencia, resultan
insustanciales con relación al problema verdadero, y no conducentes por
lo tanto a la justa solución del mismo.
Como consecuencia de ello el Pueblo de la República debe estar
advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y
demás organizaciones institucionales que estructuran el Estado
argentino, comparten inquebrantablemente el celo de aquél por la
defensa de la dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin
precipitación pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía
que sean necesarias para lograr justicia.
El 7 de enero un diputado justicialista propuso confiscar todas las
propiedades británicas en la Argentina, sin compensación, hasta que
Gran Bretaña devolviera las Islas.
Movida por este aumento de la tensión Gran Bretaña ensayó un tímido
intento por enfriar los ánimos, sosteniendo que la discusión por la
soberanía era una "disputa estéril", al tiempo que invitaba a continuar
con las conversaciones.
La negativa argentina fue tajante: afirmó que se rehusaba a reanudar
las relaciones mientras las movidas unilaterales británicas
continuasen, e invitó al gobierno de Su Majestad a que retirara su
embajador de Buenos Aires, al tiempo que informaba que el representante
argentino no retornaría a Londres.
Las relaciones diplomáticas entraron en un período de congelamiento, en
el que abundaron en ambos gobiernos las expresiones de buena voluntad
con el propósito de recomponer vínculos.
En vista de esta delicada situación la Organización de los Estados
Americanos se expidió a favor de la Argentina, sosteniendo que las
actividades prospectivas del Reino Unido —a las que calificó de
"innovación unilateral"— violaban las Resoluciones 2065 y 3160 de la
ONU, constituían una amenaza a la seguridad hemisférica y a la paz
mundial; que la Argentina tenía un inobjetable derecho de soberanía
sobre las Islas Malvinas y que las acciones británicas tenían por
objeto silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar las
negociaciones impulsadas por dicha institución. |
